Se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Santander tras la ampliación de los bloqueos y la aparición de nuevos puntos de afectación en los sectores de La Fortuna y La Lizama, situación que motivó el fortalecimiento del acompañamiento institucional y la coordinación interinstitucional para atender la contingencia.

Las afectaciones se registran en la Troncal del Sol y la Troncal del Magdalena Medio, con presencia inicial de manifestaciones en Puerto Araujo, jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres, donde comunidades y gremios han elevado solicitudes relacionadas con empleabilidad y cupos de volqueteros locales al proyecto vial.

Desde el PMU departamental se articulan acciones con los PMU municipales, entidades del orden nacional y organismos de control para hacer seguimiento permanente a la situación y facilitar escenarios de concertación.

El secretario del Interior, Óscar Hernández Durán, explicó que la institucionalidad mantiene presencia activa en territorio: “Se activó el Puesto de Mando Unificado para acompañar la protesta social y garantizar la articulación institucional que permita atender las peticiones de la comunidad”.

El funcionario señaló que las solicitudes han sido trasladadas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a sus empresas contratistas, al tratarse de requerimientos asociados a cupos laborales y participación de volqueteros en el desarrollo del proyecto vial.

“Estamos pidiendo que se avance hacia mesas de diálogo y técnicas que permitan soluciones concretas. La intención es pasar del bloqueo a la concertación”, indicó Hernández Durán.

Durante la jornada también se solicitó a los manifestantes permitir el paso intermitente y garantizar un corredor humanitario ampliado para ambulancias, transporte escolar, ciudadanos con citas médicas y el tránsito de alimentos perecederos. En momentos puntuales se logró evacuar el tráfico represado y mantener monitoreo permanente con líderes de la protesta.

Asimismo, se proyecta una reunión técnica con directivos de la ANI y participación del Ministerio de Transporte para revisar los pliegos de peticiones y definir rutas de atención.

El proceso contará con acompañamiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de garantizar transparencia y armonizar la interlocución entre comunidad, gremios y empresas.

“Debemos garantizar derechos: el de quienes protestan y también el de quienes necesitan movilizarse por esta vía estratégica del país”, concluyó el secretario del Interior.

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