“Inmediatamente nos comunicamos con el señor alcalde de Bucaramanga Manuel Azuero, quien se comprometió a realizar una reunión con su equipo de trabajo para tomar una determinación sobre la decisión del gerente de Isabu”, manifestó Álvaro Clavijo, secretario de Salud (e) de Santander.

Ante la situación, La secretaría de Salud Departamental activó los hospitales de San Juan de Dios de Floridablanca y Girón junto con el Hospital Universitario de Santander, para que en estas instituciones se les brinde la atención médica a los migrantes venezolanos. 

El Secretario de Salud de Santander solicitó al Gobierno Nacional que gire los recursos necesarios para poder brindar una oportuna y eficiente atención médica a los ciudadanos venezolanos.

Actualmente, la directriz departamental es que las atenciones de urgencias hasta la estabilización del caso clínico, según la norma, sean facturadas con cargo a esta entidad territorial, aun cuando no se cuenta con una disponibilidad de recursos.

Sin embargo, surge un interrogante: ¿Quién asumirá los costos derivados de la atención a los ciudadanos venezolanos?

Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Decreto 866 de 2017 establece los excedentes de la Subcuenta ECAT como una fuente de financiamiento de las atenciones de urgencia que se presten en instituciones públicas a nivel nacional.

De esta Subcuenta, el Departamento ha recibido dos asignaciones que suman más de $1.400.000 millones de pesos de los cuales $700.000 millones ya fueron pagados frente a una facturación por atenciones que sobre pasa los $12.000.000 millones de pesos.

Sin bien es cierto, la prestación de los servicios de salud no se encuentra financiada, es clara la competencia de las entidades territoriales frente a un garantía mínima de atención para los migrantes que se encuentran asentados en su jurisdicción, en atención a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en cuanto a “recibir una atención mínima por parte del Estado en casos de extrema necesidad y urgencia, en aras a atender sus necesidades más elementales y primarias”: (SU-677 de 2017).

En Santander, de los 87 municipios 52 son certificados en salud, los cuales en cumplimiento de la ley 715 de 2001 son responsables de garantizar la atención a la población pobre no asegurada (PPNA) residente en el territorio.

El Gobierno Nacional no ha sido claro en incluir dentro de esta población a los migrantes venezolanos; sin embargo, dentro del Plan de respuesta del sector salud al fenómeno Migratorio, el Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido que las entidades a cargo de los componentes del plan podrán financiar las actividades con cargo al Sistema General de Participaciones (SGP), recursos de oferta o los destinados a atención de PPNA.

Por lo anterior, el Gobierno Departamental ha instado a los municipios certificados definir y asumir estrategias para la atención de esta población y en especial, para garantizar la atención básica a mujeres gestantes, menores de 5 años y adultos mayores de 60, poblaciones que goza de protección especial.

Aumenta fenómeno migratorio

Para el Departamento, el fenómeno migratorio venezolano entre el 2018 y 2019 ha aumentado exponencialmente el número de atenciones en salud.

A pesar de que ley establece que la atención es la mínima para atender las necesidades básicas, la red pública hospitalaria tiene una considerable carga de servicios de urgencias de mediana y alta complejidad y el Departamento se ha visto en la obligación de asumir costosos tratamientos en instituciones públicas y privadas en cumplimiento de fallos de tutela.

Actualmente se está a la espera de mayores asignaciones por parte del Gobierno y la financiación a través de recursos de cooperación internacional que permitan al Departamento empezar a cancelar las deudas adquiridas a la fecha con la red pública hospitalaria, necesidad para la sostenibilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado.

Audio Álvaro Clavijo, Secretario de Salud (e) de Santander